Uno de los temas más peliagudos de la transparencia es el que tiene que ver con la privacidad de las personas, la protección de su intimidad.
Es en este aspecto en el que se escuda el gobierno de EEUU para atacar a Wikileaks. Aducen que pone en riesgo la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado.
No ponen en duda que sea necesaria una restricción de la privacidad de los ciudadanos, de hecho la promueven con leyes como la Patriot Act, sino que reivindican el monopolio del estado y las agencias de seguridad en la gestión de esa información. Es decir, están convencidos de que la transparencia en la gestión de esa información traería "beneficios inciertos" para el país, a costa de poner en peligro la seguridad nacional. Es probable que existan ciertos peligros ante esta apertura, y que estos deban ser tenidos en cuenta, pero los inmensos beneficios que conllevaría hacen necesario el tratar de llevarla a cabo.
Hay que defender el derecho a la privacidad en cualquier comunicación privada y para cualquier persona, ya sea un personaje público o no. Hay que respetar también el derecho de las empresas u organizaciones privadas a no revelar públicamente lo que ellas no quieran revelar. Podríamos tomar como límite ético, a falta de alguno más concreto, el que establece Amnistía Internacional refiriéndose al caso Wikileaks, de que la revelación de documentos o conversaciones, incluyendo las privadas, que demuestran violaciones de derechos humanos cometidas por personas, empresas u organizaciones no pueden ser perseguidas penalmente.
Siempre tendremos en frente a los que se benefician de la oscuridad de los datos, pero si no caminamos hacia la transparencia absoluta nunca llegaremos a estar cerca de ella. El caso de Wikileaks nos demuestra que los poderes establecidos lucharán para que no exista esa transparencia o para que sea lo más opaca posible. "El poder tiene miedo de internet", afirma Manuel Castells en esta entrevista.
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